Autoridades de varios países empiezan a poner al usuario en el punto de mira de la lucha contra la piratería.

En los últimos tiempos se han multiplicado las medidas contra la transmisión indiscriminada de contenidos protegidos por Internet.

En este sentido la mayoría de actuaciones legales, judiciales y policiales están dirigidas contra páginas web que alojan y permiten la descarga archivos sin la oportuna autorización o incluso contra páginas que favorecen de cualquier manera el acceso la descarga de archivos sin que ellas mismas almacenen ningún contenido.

No obstante lo anterior, recientemente las autoridades de Reino Unido a través de una agencia contra el crimen organizado han llevado a cabo el cierre de la web de descargas RnBXclusive, publicando además un mensaje donde no solo se avisa a los usuarios de estar cometiendo un delito que lleva aparejada una pena de hasta 10 años de cárcel sino que muestra la identificación del usuario, a través de su IP, su navegador, su sistema operativo junto a un texto que indica que esa información puede ser usada para localizarle.

Al margen de otras consideraciones, sorprende ver como una institución como SOCA (Serious Organised Crime Agency) dedicada a combatir el crimen organizado emplea recursos para frenar la descarga por particulares de archivos protegidos.

Salvando las distancias, esta nueva iniciativa, que va más allá del cierre "estandar" de una web de descargas, se suma a la protagonizada por el gobierno nipón que a través de su ministerio de telecomunicaciones puso en marcha un proyecto con el que distribuir archivos falsos a través de redes P2P al objeto tanto de comprobar su funcionamiento como de advertir a los usuarios acerca de que dicha descarga está prohibida.

Por otro lado en apenas 15 días la ley Sinde comenzará a llevar a cabo el cierre de las primeras webs y aunque entre sus medidas no encontramos ninguna que se dirija a sancionar al usuario que infrinja la norma antidescargas, si se establece medidas contra el acceso de estos en el caso de páginas alojadas en países donde existan leyes permisivas con el tráfico indiscriminado de archivos.

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